Resolución Política del Comité Local del Partido Comunista de Andalucía en Sevilla
26-9-12
(Aprobada por unanimidad)
El curso político se ha iniciado con una gran movilización en Madrid convocada por la Cumbre Social el pasado 15 de Septiembre y en la que nos volcamos desde las Agrupaciones de la capital. Ha sido la primera respuesta al conjunto de ataques múltiples perpetrados durante los meses de julio y agosto por el gobierno del PP contra la mayoría social de este país. Es de destacar que la movilización ha sido convocada por las organizaciones sindicales y por más de 200 organizaciones sociales. Esto ha de tenerse en cuenta, porque ha de ser objetivo prioritario establecer las más amplias alianzas sociales, en un proceso de acumulación de fuerzas, contra las políticas de redefinición neoliberales impulsadas por el PP a demanda del gran capital y sus intereses especulativos.
No podemos olvidar que este retroceso del estado social, se está completando con un endurecimiento y extensión brutal del estado penal. La anunciada reforma del Código Penal, que se promueve con pretextos populistas y demagógicos, con alusiones a fenómenos muy limitados, pero de amplia repercusión social a través de la difusión machacona de los mismos a través de los mass media, esconde una clara batería de medidas para reprimir con dureza la respuesta social. Así se debe entender la descatalogación penal de las faltas que conllevará considerar como delitos los mismos hechos que antes se contemplaban, pero que ahora se castigarán con cárcel (p.e. el hurto). Así como una completa relación de nuevos tipos penales que tratarán de reprimir la protesta social considerando delincuentes a sus protagonistas. Sin embargo, no se toca ni un ápice los mecanismos de persecución de los delitos de “cuello blanco” que están a la orden del día.
La Cumbre Social ha establecido una agenda que pasa por la convocatoria de un referéndum y en ese marco se baraja la convocatoria de una Huelga General. Desde el Partido, y así lo ha hecho la Comisión Ejecutiva del PCA, se entiende que es imprescindible la convocatoria de la Huelga General. Esta debe plantearse como una respuesta del conjunto de la clase trabajadora, de las capas populares, y también de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios. Debe darse una amplia alianza social en el apoyo a la misma, porque el ataque es contra todos y contra todo, como lo demuestra el paquete de medidas impuestas durante el verano y las anunciadas para finales de septiembre.
Nuestro trabajo debe orientarse a ir creando en nuestros barrios debate, movilización y finalmente desembocar en el apoyo activo a la misma. Debemos explicar que el efecto conjunto de la subida del IVA, de los impuestos especiales sobre el combustible, del nuevo tarifazo eléctrico, etc... persiguen el empobrecimiento sostenido de la población, limitando en su conjunto la masa salarial en beneficio de las rentas del capital como lo demuestran los datos de las estadísticas oficiales del INE.
Estamos inmersos en una continúa movilización que desde diferentes sectores se vienen protagonizando de manera constante y sostenida. Sobre todo, desde la implantación de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno del PP contra la función pública. De manera continuada y a las puertas de los centros de trabajo se realizan sistemáticamente concentraciones y acciones de todo tipo. Al mismo tiempo, se producen movilizaciones contra los desahucios, contra el cierre de empresas, etc... Y también empiezan a darse respuestas por parte de los usuarios afectados por el cierre de servicios públicos, como es el caso en nuestra ciudad, donde se empiezan a desarrollar movilizaciones que tienen por objeto protestar ante la eliminación de los programas de intervención social que está dinamitando el Ayuntamiento dirigido por el PP... O por los afectados por el plan de privatizaciones de las instalaciones deportivas de base.
En esa movilizaciones, en las que estamos presentes, debemos marcarnos como objetivo sumarlas con perspectiva unitaria a la movilización general. Y como quiera que la Cumbre Social tiene su representación en la Plataforma por el Compromiso Social en Sevilla, debemos de tratar de reforzar la misma con la incorporación de los referentes de estas peleas parciales a las que nos hemos referido.
Tenemos que entender que nuestro papel no es el de tapar el hueco que deja la ausencia de la misma situación a la que nos enfrentábamos cuando la crisis económica daba sus primeros coletazos, al contrario, debemos entender que lo que se demanda de nuestra organización es estar presente en la lucha que se está dando y tratar de darle sentido global al conjunto de las expresiones parciales del conflicto y desde la perspectiva más unitaria posible. Nuestro objetivo inmediato debería ser el de intentar alimentar el conflicto en nuestras zonas de influencia.
Desde los órganos superiores del Partido se nos insta a que debatamos las propuestas emanadas de la reciente Conferencia Política en las Agrupaciones, y a difundir esas propuestas políticas, en particular la Alternativa Social Anticapitalista, en nuestro entorno, donde pretendemos reforzar la movilización o impulsarla según el caso. Y a esto vamos a dedicar las próximas semanas instando al conjunto de las Agrupaciones al debate de las propuestas y a la aplicación de estos acuerdos según cada contexto.
Al hilo de lo que venimos planteando, deberíamos realizar una reflexión sobre lo que va a suponer la mutación del escenario municipal a partir de la ofensiva neoliberal del PP. Se han establecido tres líneas (de momento) que perfilan a medio plazo un futuro que nada tiene que ver con lo que conocemos hasta el momento. Por una parte, conocemos que a partir de la implementación del famoso Plan de Pago a Proveedores, al que Zoido se apuntó con fruición, se han hipotecado las cuentas municipales durante los próximos veinte años con unas condiciones leoninas (y unos intereses desorbitados) y se está ejecutando un Plan de Ajuste del que conocemos las consecuencias inmediatas. Contra él estamos enfrentándonos conjuntamente con las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales.
A lo descrito, hay que añadir el efecto que traerá la aplicación de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. En aplicación de la misma, vamos a ver cómo se imposibilita desde el Ayuntamiento la aplicación de muchas de las políticas sociales que han sido estrellas de nuestra política municipal en anteriores mandatos por perdida de competencias para poder llevarlas a cabo.
Para garantizar que lo anterior se ejecuta, se han introducido en la llamada Ley de Transparencia una serie de medidas que castigarán penalmente a aquellos que osen romper el nuevo marco de competencias sacando los pies del tiesto. Así, se castigará con penas de prisión a los responsables políticos al frente de instituciones públicas que incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente, o a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas.
El tercer elemento de cierre del circulo lo constituye lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en relación con la empresas públicas que no tengan equilibradas sus cuentas. Según el Plan aprobado, toda empresa municipal que no logre equilibrar sus presupuestos en Agosto de 2014 deberá ser liquidada en Agosto de 2015. Conociendo la situación de la empresas públicas de Sevilla, esto significa que ya está certificado el proceso de liquidación de prestación de servicios públicos en nuestra ciudad. Bajo el manto de esta Ley, en el horizonte de las próximas elecciones municipales se estará preparando el desmantelamiento de TUSSAM, LIPASAM, EMVISESA... Y podríamos asegurar que también EMASESA, porque sabemos desde hace tiempo que está en la diana de los especuladores, y hacerla entrar en perdidas no será un obstáculo.
La imposición autoritaria de estos planes de ajustes no es sino la cortina de humo que enmascara el propósito de privatizar el conjunto del tejido empresarial público sevillano, y debemos de entender que ése es el reto que nos jugaremos en la próxima contienda electoral municipal. Esto debe ponerse de manifiesto en nuestra estrategia de acumulación de fuerzas para hacer frente común no sólo con los trabajadores afectados sino con el conjunto de la ciudadanía que padecerá los efectos de la desaparición de estos servicios públicos.
En el sentido de empezar a estrechar lazos para reforzar nuestras alianzas sociales, hemos desarrollado un proceso de presentación de mociones en las Juntas Municipales de Distrito sobre dos cuestiones: una es el apoyo a la ILP que pretende la reforma del sistema hipotecario; la otra, una moción contra el ya mencionado Plan de Ajuste de Zoido. En este proceso hemos podido comprobar como varios presidentes de JMD han impedido el debate de las mociones en sus plenos, lo que supone un ataque directo al más elemental ejercicio de nuestros derechos políticos y que deberemos denunciar y no pasar por alto, concretando en el más corto plazo las medidas de respuesta que necesariamente deberemos articular. Pero ya nos avisan de cual es el talante con el que nos van a responder: tratarán de ponernos la mordaza como en el pasado, pero estamos convencidos que tampoco ahora lo conseguirán.
Por otra parte debemos referirnos al papel de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía. A estos efectos, nos remitimos a lo acordado por el Comité Central el 15 de Julio y a la reciente resolución emanada del Comité Ejecutivo del PCA.
En el seno del Partido y de IU-CA se generaron fuertes tensiones en torno a los planes de recorte impuestos por el Pacto de Estabilidad y su concreción en el decreto que concretó dichos recortes en Andalucía. Finalmente, el Comité Central acordó la derogación del citado decreto y la aplicación del acuerdo por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida incluyendo una serie de reflexiones, que extractadas del Informe aprobado, se reproducen a continuación por su importancia:
“Este Comité Central tiene la responsabilidad de conseguir la máxima cohesión en un momento tan extraordinario, tan excepcional para las conquistas democráticas y sociales de Andalucía.
· El debate no está establecido en si debemos estar en el gobierno o no. Esa decisión fue
aprobada democráticamente por las personas afiliadas de IULV-CA.
· Lo que debemos concretar es en que condiciones debemos realizar nuestra labor de gobierno en el contexto antes descrito para defender y desarrollar el acuerdo alcanzado sin poner en riesgo nuestros principios y valores.
· Nos toca ahora, que se derogue, que se retire el Decreto de ajuste presupuestario andaluz, paralizar su tramitación parlamentaria, decir NO a la imposición del déficit del 0,7% exigido por Montoro a las Comunidades, plantarnos ante la intervención soberana en Andalucía por parte de la Troika y el gobierno del PP, y decirles a nuestros socios de gobierno que nos posicionamos con la mayoría social que sufre las políticas “neocon” del Recorte.
Estamos en el gobierno para desarrollar el acuerdo político que rompe la lógica del Pacto de estabilidad en la creación de empleo y en la protección social.
No estamos en el gobierno ni para gestionar “por imperativo legal” los recortes ni para “suavizarlos”.
Estamos en el gobierno para también desde él organizar la rebelión democrática frente al Pacto de estabilidad, los recortes y la humillación, dolor y sufrimiento que producen al pueblo andaluz.
La lucha ideológica sobre dos modelos de país, de sociedad debe tener en nuestra presencia en el gobierno una oportunidad permanente para hacerla ver con todas ya cada una de nuestras acciones.
Es imposible nuestra acción de gobierno si no se da en el contexto de una llamada a la movilización general para forzar desde Andalucía la lógica de la rebelión democrática frente ala troika consentida y apoyada por la derecha y socialdemocracia europea.”
Más adelante se afirma en el mismo Informe:
“Las contradicciones generadas en el seno de nuestro Partido y de Izquierda Unida a cuenta del Plan de ajuste de la Junta de Andalucía sobre el presupuesto de 2012, deben ser superadas mediante la asunción de los errores cometidos, en el terreno estratégico, y mediante la mejora de los mecanismos de toma de decisión colectiva. Reafirmamos la necesidad de generar compromisos políticos unitarios en el seno del PCA, a través del trabajo político en la senda marcada por las Conferencia Políticas del PCA y del PCE. Las medidas del gobierno central y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera nos sitúan en una nueva etapa en la que la acumulación de fuerzas a través de la movilización se torna imprescindible para poder rebelarse contra las medidas impuestas a las comunidades. Para ello, las gentes de IU en el gobierno, se convierten en agentes al servicio de la movilización social, y sus acciones de gobierno en instrumentos al servicio de las demandas del pueblo.”
Por último, traemos a colación el siguiente párrafo:
“En este contexto, la batalla de los presupuestos de 2013, requiere construir la unidad del PCA y de IULV-CA en un contexto de lucha total frente a los ajustes. Para ello, pedimos la constitución en IULV-CA de una comisión que estudie las propuestas que consideramos más adecuadas y que deben marcar la línea de movilización popular en defensa de las mismas. Esta movilización se relaciona dialécticamente con el objetivo de lograr unos presupuestos que rompan con las imposiciones de la política “neocon” de Montoro y Rajoy.”
Superada la situación anterior, está emplazado el debate sobre los presupuestos de 2013, así que debemos empezar a plantear cuales son los límites que debe contener. A título indicativo, dichos presupuestos deben garantizar al menos:
1.- La defensa del sector público y los servicios que presta. En especial sanidad (universal) y educación.
2.- La implantación de la renta básica como garantía mínima de subsistencia ante el panorama que empieza a ser dramático en nuestros barrios.
3.- La implantación efectiva de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna.
Y con la premisas anteriores trazar el cumplimiento del Acuerdo de Gobierno por el que Izquierda Unida se comprometió a partir de lo votado en el Referéndum interno.
En un contexto de movilización social y de fuertes ataques neoliberales vamos a celebrar el proceso asambleario federal y andaluz de Izquierda Unida. Tenemos una magnífica oportunidad para reforzar el papel referente de la misma como expresión política del conflicto social que se da en este momento. Nos sumamos desde ya, a través de la participación en nuestras asambleas de base, al esfuerzo del conjunto del PCE para fortalecer una mayoría federal en el seno de IU de carácter anticapitalista y con la centralidad del movimiento obrero.
Pero también debemos tener presente, y dar el debate consecuente, para que el resultado tenga su fiel traslado en Andalucía, y lograr que sirvamos para reforzar el impulso que se da en el conjunto del estado en absoluta coherencia política.
En nuestra provincia también debemos trabajar para que en Izquierda Unida se refleje el nuevo papel hegemónico que nuestro Partido desempeña como fruto de su proceso de reorganización y reconstrucción, tanto en su implantación territorial y social como en su presencia institucional.
Por último, cabe recordar que es muy importante prestar especial atención a la culminación con éxito de las campañas que veníamos realizando desde antes del verano en nuestra ciudad y que son:
Culminación de la celebración de actos y recogida de firmas en torno a la ILP por la Dación en Pago. Incluyendo la presentación de las mociones unitarias donde no se haya hecho.
El trabajo de apoyo la Plataforma por el acceso a la sanidad universal (inmigrantes).
Los trabajos de la Contracumbre Internacional en nuestra ciudad.
Las tareas que tenemos por delante son muy complejas y requieren de todo nuestro empeño, pero a nadie se le escapa que vivimos momentos en los que más que nunca se puede afirmar lo que recogía nuestro antiguo lema de lucha: “El presente es de lucha, el futuro es nuestro.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ante los recortes de la Junta de Andalucía.
Ayer, 22 de Mayo, los militantes del Partido Comunista nos movilizamos junto con decenas de miles de estudiantes, profesores, personal no docente y padres y madres de alumnos secundando las movilizaciones que acompañaron la convocatoria de Huelga General en defensa de la Educación Pública.
26-9-12
(Aprobada por unanimidad)
El curso político se ha iniciado con una gran movilización en Madrid convocada por la Cumbre Social el pasado 15 de Septiembre y en la que nos volcamos desde las Agrupaciones de la capital. Ha sido la primera respuesta al conjunto de ataques múltiples perpetrados durante los meses de julio y agosto por el gobierno del PP contra la mayoría social de este país. Es de destacar que la movilización ha sido convocada por las organizaciones sindicales y por más de 200 organizaciones sociales. Esto ha de tenerse en cuenta, porque ha de ser objetivo prioritario establecer las más amplias alianzas sociales, en un proceso de acumulación de fuerzas, contra las políticas de redefinición neoliberales impulsadas por el PP a demanda del gran capital y sus intereses especulativos.
No podemos olvidar que este retroceso del estado social, se está completando con un endurecimiento y extensión brutal del estado penal. La anunciada reforma del Código Penal, que se promueve con pretextos populistas y demagógicos, con alusiones a fenómenos muy limitados, pero de amplia repercusión social a través de la difusión machacona de los mismos a través de los mass media, esconde una clara batería de medidas para reprimir con dureza la respuesta social. Así se debe entender la descatalogación penal de las faltas que conllevará considerar como delitos los mismos hechos que antes se contemplaban, pero que ahora se castigarán con cárcel (p.e. el hurto). Así como una completa relación de nuevos tipos penales que tratarán de reprimir la protesta social considerando delincuentes a sus protagonistas. Sin embargo, no se toca ni un ápice los mecanismos de persecución de los delitos de “cuello blanco” que están a la orden del día.
La Cumbre Social ha establecido una agenda que pasa por la convocatoria de un referéndum y en ese marco se baraja la convocatoria de una Huelga General. Desde el Partido, y así lo ha hecho la Comisión Ejecutiva del PCA, se entiende que es imprescindible la convocatoria de la Huelga General. Esta debe plantearse como una respuesta del conjunto de la clase trabajadora, de las capas populares, y también de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios. Debe darse una amplia alianza social en el apoyo a la misma, porque el ataque es contra todos y contra todo, como lo demuestra el paquete de medidas impuestas durante el verano y las anunciadas para finales de septiembre.
Nuestro trabajo debe orientarse a ir creando en nuestros barrios debate, movilización y finalmente desembocar en el apoyo activo a la misma. Debemos explicar que el efecto conjunto de la subida del IVA, de los impuestos especiales sobre el combustible, del nuevo tarifazo eléctrico, etc... persiguen el empobrecimiento sostenido de la población, limitando en su conjunto la masa salarial en beneficio de las rentas del capital como lo demuestran los datos de las estadísticas oficiales del INE.
Estamos inmersos en una continúa movilización que desde diferentes sectores se vienen protagonizando de manera constante y sostenida. Sobre todo, desde la implantación de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno del PP contra la función pública. De manera continuada y a las puertas de los centros de trabajo se realizan sistemáticamente concentraciones y acciones de todo tipo. Al mismo tiempo, se producen movilizaciones contra los desahucios, contra el cierre de empresas, etc... Y también empiezan a darse respuestas por parte de los usuarios afectados por el cierre de servicios públicos, como es el caso en nuestra ciudad, donde se empiezan a desarrollar movilizaciones que tienen por objeto protestar ante la eliminación de los programas de intervención social que está dinamitando el Ayuntamiento dirigido por el PP... O por los afectados por el plan de privatizaciones de las instalaciones deportivas de base.
En esa movilizaciones, en las que estamos presentes, debemos marcarnos como objetivo sumarlas con perspectiva unitaria a la movilización general. Y como quiera que la Cumbre Social tiene su representación en la Plataforma por el Compromiso Social en Sevilla, debemos de tratar de reforzar la misma con la incorporación de los referentes de estas peleas parciales a las que nos hemos referido.
Tenemos que entender que nuestro papel no es el de tapar el hueco que deja la ausencia de la misma situación a la que nos enfrentábamos cuando la crisis económica daba sus primeros coletazos, al contrario, debemos entender que lo que se demanda de nuestra organización es estar presente en la lucha que se está dando y tratar de darle sentido global al conjunto de las expresiones parciales del conflicto y desde la perspectiva más unitaria posible. Nuestro objetivo inmediato debería ser el de intentar alimentar el conflicto en nuestras zonas de influencia.
Desde los órganos superiores del Partido se nos insta a que debatamos las propuestas emanadas de la reciente Conferencia Política en las Agrupaciones, y a difundir esas propuestas políticas, en particular la Alternativa Social Anticapitalista, en nuestro entorno, donde pretendemos reforzar la movilización o impulsarla según el caso. Y a esto vamos a dedicar las próximas semanas instando al conjunto de las Agrupaciones al debate de las propuestas y a la aplicación de estos acuerdos según cada contexto.
Al hilo de lo que venimos planteando, deberíamos realizar una reflexión sobre lo que va a suponer la mutación del escenario municipal a partir de la ofensiva neoliberal del PP. Se han establecido tres líneas (de momento) que perfilan a medio plazo un futuro que nada tiene que ver con lo que conocemos hasta el momento. Por una parte, conocemos que a partir de la implementación del famoso Plan de Pago a Proveedores, al que Zoido se apuntó con fruición, se han hipotecado las cuentas municipales durante los próximos veinte años con unas condiciones leoninas (y unos intereses desorbitados) y se está ejecutando un Plan de Ajuste del que conocemos las consecuencias inmediatas. Contra él estamos enfrentándonos conjuntamente con las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales.
A lo descrito, hay que añadir el efecto que traerá la aplicación de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. En aplicación de la misma, vamos a ver cómo se imposibilita desde el Ayuntamiento la aplicación de muchas de las políticas sociales que han sido estrellas de nuestra política municipal en anteriores mandatos por perdida de competencias para poder llevarlas a cabo.
Para garantizar que lo anterior se ejecuta, se han introducido en la llamada Ley de Transparencia una serie de medidas que castigarán penalmente a aquellos que osen romper el nuevo marco de competencias sacando los pies del tiesto. Así, se castigará con penas de prisión a los responsables políticos al frente de instituciones públicas que incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente, o a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas.
El tercer elemento de cierre del circulo lo constituye lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en relación con la empresas públicas que no tengan equilibradas sus cuentas. Según el Plan aprobado, toda empresa municipal que no logre equilibrar sus presupuestos en Agosto de 2014 deberá ser liquidada en Agosto de 2015. Conociendo la situación de la empresas públicas de Sevilla, esto significa que ya está certificado el proceso de liquidación de prestación de servicios públicos en nuestra ciudad. Bajo el manto de esta Ley, en el horizonte de las próximas elecciones municipales se estará preparando el desmantelamiento de TUSSAM, LIPASAM, EMVISESA... Y podríamos asegurar que también EMASESA, porque sabemos desde hace tiempo que está en la diana de los especuladores, y hacerla entrar en perdidas no será un obstáculo.
La imposición autoritaria de estos planes de ajustes no es sino la cortina de humo que enmascara el propósito de privatizar el conjunto del tejido empresarial público sevillano, y debemos de entender que ése es el reto que nos jugaremos en la próxima contienda electoral municipal. Esto debe ponerse de manifiesto en nuestra estrategia de acumulación de fuerzas para hacer frente común no sólo con los trabajadores afectados sino con el conjunto de la ciudadanía que padecerá los efectos de la desaparición de estos servicios públicos.
En el sentido de empezar a estrechar lazos para reforzar nuestras alianzas sociales, hemos desarrollado un proceso de presentación de mociones en las Juntas Municipales de Distrito sobre dos cuestiones: una es el apoyo a la ILP que pretende la reforma del sistema hipotecario; la otra, una moción contra el ya mencionado Plan de Ajuste de Zoido. En este proceso hemos podido comprobar como varios presidentes de JMD han impedido el debate de las mociones en sus plenos, lo que supone un ataque directo al más elemental ejercicio de nuestros derechos políticos y que deberemos denunciar y no pasar por alto, concretando en el más corto plazo las medidas de respuesta que necesariamente deberemos articular. Pero ya nos avisan de cual es el talante con el que nos van a responder: tratarán de ponernos la mordaza como en el pasado, pero estamos convencidos que tampoco ahora lo conseguirán.
Por otra parte debemos referirnos al papel de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía. A estos efectos, nos remitimos a lo acordado por el Comité Central el 15 de Julio y a la reciente resolución emanada del Comité Ejecutivo del PCA.
En el seno del Partido y de IU-CA se generaron fuertes tensiones en torno a los planes de recorte impuestos por el Pacto de Estabilidad y su concreción en el decreto que concretó dichos recortes en Andalucía. Finalmente, el Comité Central acordó la derogación del citado decreto y la aplicación del acuerdo por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida incluyendo una serie de reflexiones, que extractadas del Informe aprobado, se reproducen a continuación por su importancia:
“Este Comité Central tiene la responsabilidad de conseguir la máxima cohesión en un momento tan extraordinario, tan excepcional para las conquistas democráticas y sociales de Andalucía.
· El debate no está establecido en si debemos estar en el gobierno o no. Esa decisión fue
aprobada democráticamente por las personas afiliadas de IULV-CA.
· Lo que debemos concretar es en que condiciones debemos realizar nuestra labor de gobierno en el contexto antes descrito para defender y desarrollar el acuerdo alcanzado sin poner en riesgo nuestros principios y valores.
· Nos toca ahora, que se derogue, que se retire el Decreto de ajuste presupuestario andaluz, paralizar su tramitación parlamentaria, decir NO a la imposición del déficit del 0,7% exigido por Montoro a las Comunidades, plantarnos ante la intervención soberana en Andalucía por parte de la Troika y el gobierno del PP, y decirles a nuestros socios de gobierno que nos posicionamos con la mayoría social que sufre las políticas “neocon” del Recorte.
Estamos en el gobierno para desarrollar el acuerdo político que rompe la lógica del Pacto de estabilidad en la creación de empleo y en la protección social.
No estamos en el gobierno ni para gestionar “por imperativo legal” los recortes ni para “suavizarlos”.
Estamos en el gobierno para también desde él organizar la rebelión democrática frente al Pacto de estabilidad, los recortes y la humillación, dolor y sufrimiento que producen al pueblo andaluz.
La lucha ideológica sobre dos modelos de país, de sociedad debe tener en nuestra presencia en el gobierno una oportunidad permanente para hacerla ver con todas ya cada una de nuestras acciones.
Es imposible nuestra acción de gobierno si no se da en el contexto de una llamada a la movilización general para forzar desde Andalucía la lógica de la rebelión democrática frente ala troika consentida y apoyada por la derecha y socialdemocracia europea.”
Más adelante se afirma en el mismo Informe:
“Las contradicciones generadas en el seno de nuestro Partido y de Izquierda Unida a cuenta del Plan de ajuste de la Junta de Andalucía sobre el presupuesto de 2012, deben ser superadas mediante la asunción de los errores cometidos, en el terreno estratégico, y mediante la mejora de los mecanismos de toma de decisión colectiva. Reafirmamos la necesidad de generar compromisos políticos unitarios en el seno del PCA, a través del trabajo político en la senda marcada por las Conferencia Políticas del PCA y del PCE. Las medidas del gobierno central y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera nos sitúan en una nueva etapa en la que la acumulación de fuerzas a través de la movilización se torna imprescindible para poder rebelarse contra las medidas impuestas a las comunidades. Para ello, las gentes de IU en el gobierno, se convierten en agentes al servicio de la movilización social, y sus acciones de gobierno en instrumentos al servicio de las demandas del pueblo.”
Por último, traemos a colación el siguiente párrafo:
“En este contexto, la batalla de los presupuestos de 2013, requiere construir la unidad del PCA y de IULV-CA en un contexto de lucha total frente a los ajustes. Para ello, pedimos la constitución en IULV-CA de una comisión que estudie las propuestas que consideramos más adecuadas y que deben marcar la línea de movilización popular en defensa de las mismas. Esta movilización se relaciona dialécticamente con el objetivo de lograr unos presupuestos que rompan con las imposiciones de la política “neocon” de Montoro y Rajoy.”
Superada la situación anterior, está emplazado el debate sobre los presupuestos de 2013, así que debemos empezar a plantear cuales son los límites que debe contener. A título indicativo, dichos presupuestos deben garantizar al menos:
1.- La defensa del sector público y los servicios que presta. En especial sanidad (universal) y educación.
2.- La implantación de la renta básica como garantía mínima de subsistencia ante el panorama que empieza a ser dramático en nuestros barrios.
3.- La implantación efectiva de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna.
Y con la premisas anteriores trazar el cumplimiento del Acuerdo de Gobierno por el que Izquierda Unida se comprometió a partir de lo votado en el Referéndum interno.
En un contexto de movilización social y de fuertes ataques neoliberales vamos a celebrar el proceso asambleario federal y andaluz de Izquierda Unida. Tenemos una magnífica oportunidad para reforzar el papel referente de la misma como expresión política del conflicto social que se da en este momento. Nos sumamos desde ya, a través de la participación en nuestras asambleas de base, al esfuerzo del conjunto del PCE para fortalecer una mayoría federal en el seno de IU de carácter anticapitalista y con la centralidad del movimiento obrero.
Pero también debemos tener presente, y dar el debate consecuente, para que el resultado tenga su fiel traslado en Andalucía, y lograr que sirvamos para reforzar el impulso que se da en el conjunto del estado en absoluta coherencia política.
En nuestra provincia también debemos trabajar para que en Izquierda Unida se refleje el nuevo papel hegemónico que nuestro Partido desempeña como fruto de su proceso de reorganización y reconstrucción, tanto en su implantación territorial y social como en su presencia institucional.
Por último, cabe recordar que es muy importante prestar especial atención a la culminación con éxito de las campañas que veníamos realizando desde antes del verano en nuestra ciudad y que son:
Culminación de la celebración de actos y recogida de firmas en torno a la ILP por la Dación en Pago. Incluyendo la presentación de las mociones unitarias donde no se haya hecho.
El trabajo de apoyo la Plataforma por el acceso a la sanidad universal (inmigrantes).
Los trabajos de la Contracumbre Internacional en nuestra ciudad.
Las tareas que tenemos por delante son muy complejas y requieren de todo nuestro empeño, pero a nadie se le escapa que vivimos momentos en los que más que nunca se puede afirmar lo que recogía nuestro antiguo lema de lucha: “El presente es de lucha, el futuro es nuestro.”
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Ante los recortes de la Junta de Andalucía.
Ayer, 22 de Mayo, los militantes del Partido Comunista nos movilizamos junto con decenas de miles de estudiantes, profesores, personal no docente y padres y madres de alumnos secundando las movilizaciones que acompañaron la convocatoria de Huelga General en defensa de la Educación Pública.
Entendemos que la Educación y
la Sanidad se han convertido en la diana de las políticas neoliberales que
pretenden recuperar el proceso de acumulación capitalista detenido por la
recesión económica a base de desmontar
lo poco que queda en nuestro país de estado social.
Las excusas para recortar el
gasto público en servicios esenciales para la población (y más en la actual
situación de depresión económica) se encuentran constitucionalizadas y
legalizadas a partir del acuerdo que alcanzaron PP y PSOE para establecer el
déficit cero, garantizando, eso sí, que no habrá límite para garantizar el pago
de la deuda externa de España.
Mientras que hay dinero, y
mucho, para socializar las pérdidas de Bankia (en un mal llamado proceso de
nacionalización), no lo hay para garantizar el acceso a los servicios públicos
que son derechos sociales básicos.
Esta es la estrategia
neoliberal que se impone desde Europa, que pierdan los ciudadanos para que todos
los que invirtieron en nuestro país en la especulación del ladrillo creando la
burbuja inmobiliaria no pierdan ni un céntimo. Es importante resaltar que las presiones sobre
la deuda española no provienen de lo mucho que el Estado gastó en políticas
públicas. En el monto total de la deuda de nuestro país, sólo el 30% corresponde
al Estado y a las familias, y el resto es deuda privada. En ese 70% se incluye
lo que se debe, a título de ejemplo, a la banca alemana que prestó 150.000
millones de euros para operaciones de especulación inmobiliaria en los litorales
españoles con sus correspondientes derivados financieros tóxicos.
Por otra parte, se encuentran
los disparatados intereses que España tiene que abonar por colocar su deuda
pública y que ha alcanzado el record de un 6% en los últimos días. Es importante
tener en cuenta que cada vez que sube un punto el interés de esa deuda, el
Gobierno sufre un coste en torno a 1.000 millones de euros, que se sumarán un
déficit que se saldará con nuevos recortes en otros gastos.
Esas, y no otras, son las
deudas que Europa quiere que se le garantice, y el Gobierno de Rajoy está
dispuesto a hacerlo.
Estos elementos los queremos traer a
colación para recordar que la situación de recesión económica y la estrategia de
recortes públicos son una estrategia a largo plazo y no situaciones de coyuntura
reversibles en el corto plazo.
Desde el Partido Comunista e
Izquierda Unida siempre hemos tenido claro que este estado de cosas no se
resolverá sino con la más amplia movilización social y política que permita
cambiar la lógica del sistema y salir por la izquierda, sabiendo que no es
posible contemporizar con las políticas neoliberales y por eso llamábamos, ayer
y hoy, a la Rebeldía, queriendo ser desde nuestras posiciones políticas el
referente de la misma.
En este contexto, el pasado 14
de mayo el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía decidió aplicar un recorte en los Presupuestos de 2.700
millones de euros, acomodándose a las directrices del Gobierno de Rajoy. Este
recorte se ha hecho recaer en el conjunto de los trabajadores públicos
andaluces, pero que tendrá una especial incidencia entre los de la sanidad y la
educación. Además de llevar a cero las inversiones en obra pública.
Dicha medida sobrevolaba desde
hace meses, y no se puede alegar que fuera una situación sobrevenida. Cuando se
negociaba el pacto de Gobierno PSOE-IU en varios de los encuentros de debate
organizados en torno al mismo se preguntó específicamente por esta cuestión, y
la respuesta fue que había que tener confianza en la dirección y la comisión que
estaba llevando a cabo el proceso de negociación. Nunca se planteó la
posibilidad de que nuestra fuerza política avalara dicho recorte, no se discutió
ni antes, ni después.
En términos prácticos, la
asunción de la disminución de los 2.700 millones del Presupuesto supondrá:
-El incremento de la jornada
laboral para el personal al servicio de la JA a 37,5 horas.
-Reducción significativa de la
masa salarial de esos trabajadores a partir de la eliminación de complementos y
ayudas.
-Incremento de la precariedad y
pérdida de derechos sociales adquiridos.
Además, se destruirá empleo
público, porque la aplicación conjunta de las medidas, significará la no
renovación de 4.827 funcionarios interinos del sector de la educación y en el
sector sanitario una perdida similar aunque no cuantificada por el momento. Por
tanto, no es cierto que se esté defendiendo el empleo.
Todo esto se ha hecho sin
negociación previa con los Sindicatos… lo cual no debe extrañar, si tenemos en
cuenta que tampoco se ha contado con nuestra Organización.
Habría que tener presente, que la cantidad a recortar en el
Presupuesto Andaluz se produce como consecuencia de haber previsto unos ingresos
mayores que los que finalmente se han generado, y de ahí el descuadre. Ese
recorte no contempla la afectación que para la sanidad y la educación va a
suponer el tijeretazo aprobado por el Consejo de Ministros de 30.000 millones,
de los que a Andalucía le tocaría absorber en torno al 25%. Este nuevo recorte
contempla medidas como las previstas en el real decreto 14/2012, que ha motivado
la huelga general de educación del 22 de mayo y que supone, subidas escandalosa
de tasas universitarias, reducciones de becas y obstáculos para acceder a las
mismas. También contempla el copago
sanitario para jubilados y pensionistas (tendrán que pagar el 10% en los
medicamentos) y para trabajadores-as en activo (pasan a pagar del 40 al 50% de
los medicamentos), y deja fuera del derecho a la asistencia sanitaria a
inmigrantes no regularizados y a las personas mayores de 26 años en situación de
desempleo que no perciban ninguna prestación.
Los recortes presentes o por venir ni son justos ni necesarios,
porque no son la solución ni siquiera parcial de los problemas de nuestra
economía. Aceptarlos, supone comulgar con la lógica neoliberal y eso no está ni
en nuestro ideario ni en nuestro programa. Y por tanto, no puede ser el
condicionante para la permanencia de IU en el Gobierno andaluz.
No es para eso para lo que nos
presentamos a las elecciones ni coincide con lo planteado en el Acuerdo
Programático que alumbró la entrada en el Gobierno de Andalucía. Sin embargo, y
sin contar ni con la opinión de ningún órgano ni del Partido ni de IU y sin la
más mínima explicación previa, los miembros del Consejo de Gobierno de la JA
votaron a favor de dicho recorte.
Se ha tratado de justificar la
aceptación del recorte como el mecanismo de evitar la intervención sobre
Andalucía por parte del Gobierno central. Pero la lógica de la lucha debería ser
la contraria: si se atreven, que intervengan por encima del Parlamento Andaluz.
Ahí sí que podríamos llamar al conjunto del pueblo andaluz a defender lo que es
suyo. Desde la rebeldía, no desde la resignación cómplice con el sistema.
En estos días hemos vivido una
fractura con el tejido social con el que hasta ahora veníamos compartiendo
luchas, objetivos y esperanzas. Es indispensable recuperar la confianza de todos
aquellos para los que nos hemos venido convirtiendo en referentes de sus
aspiraciones. Y debemos ser conscientes de que lo que está en juego es el futuro del proceso de acumulación de fuerzas
que Izquierda Unida y el PCE están protagonizando en el conjunto de
España.
Por ello es urgente que la
Organización y sus órganos legítimos recuperen el ejercicio de sus competencias
de debate y adopción democrática de acuerdos y decisiones, estableciendo las
directrices para los compañeras/os que desempeñan responsabilidades
institucionales (de gobierno o parlamentarias)en todos los niveles.
Es urgente también que el
Partido en Andalucía ejerza sus funciones, se reúna y debata trasladando
propuestas y posiciones a IULV-CA para rectificar su actual deriva ideológica,
política e institucional.
Por todo lo anterior,
solicitamos a los Órganos del Partido en Andalucía que abra un proceso de
reflexión urgente y que finalmente, tras
el debate en el seno de IU, suponga el voto en contra por parte de nuestro Grupo
Parlamentario al recorte de los 2.700 millones, así como a cualquier otro
recorte impuesto por la aplicación de medidas neoliberales, provengan de Madrid
o Bruselas. Hagamos válido nuestro eslogan de campaña… Rebelándonos contra la
Derecha y las Políticas de Derecha.
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